Correísmo apunta a Cynthia Jacho por certificados bajo sospecha




La información ya fue enviada a Fiscalía, Contraloría y al CPCCS para que revisen posibles responsabilidades.
El correísmo en la Asamblea volvió a poner la mira sobre el concurso para designar al nuevo fiscal general. Esta vez, el señalamiento apunta a Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, dijo que su bancada realizó un proceso de fiscalización. Según explicó, en esa revisión encontraron presuntas irregularidades en certificados de capacitación presentados por Jacho. Molina aseguró que recibieron información de que esos documentos no tenían la validez ni la regularidad del caso. Por eso, señaló que pidió datos al Ministerio del Trabajo sobre el Centro de Capacitación Aina Group. También consultó sobre la certificación a la que se hace referencia en esos documentos. De acuerdo con Molina, la respuesta fue que ese centro no está registrado en esa cartera de Estado. Añadió que el acuerdo ministerial citado tampoco correspondería a Aina Group. El legislador sostuvo que las certificaciones no se emiten mediante acuerdos, sino por resoluciones. Para él, se trata de un hecho grave dentro de un proceso tan delicado como el concurso para fiscal general. Molina afirmó que la presidenta de la comisión técnica tendría documentos que no se ajustan a la realidad. En medio de esta denuncia, el correísmo considera que Jacho debería renunciar a su cargo. Además, el asambleísta indicó que los hallazgos ya fueron remitidos a la Fiscalía General. También dijo que la información fue enviada a la Contraloría y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre la Fiscalía, señaló que se debería abrir una investigación por los documentos presentados. Según explicó, esto podría derivar en responsabilidades penales. En cuanto al CPCCS, recordó que el reglamento le da la responsabilidad de verificar requisitos. Molina advirtió que, si no hubo esa verificación, podría existir una presunta omisión. Así, el concurso para escoger al nuevo fiscal suma otro capítulo que promete encender aún más el debate político en Ecuador.
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