La posibilidad de que Revolución Ciudadana recupere su actividad electoral recibió un nuevo golpe. La Sala de Admisiones de la Corte Constitucional no aceptó una acción extraordinaria de protección presentada el 6 de abril. El recurso fue planteado por Priscila Schettini, asambleísta nacional electa por el correísmo. La organización permanece suspendida por una decisión del juez electoral Joaquín Viteri. La medida fue solicitada por el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón. La suspensión tiene una duración de nueve meses mientras avanza la investigación del caso Caja Chica. En este proceso se investiga un posible lavado de activos. La causa analiza el supuesto ingreso irregular de dinero procedente de Venezuela para financiar campañas electorales. Entre los procesados constan Rafael Correa y Luisa González. La decisión llega cuando faltan cerca de cuatro meses para las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

La Sala de Admisiones estuvo integrada por los jueces Alí Lozada, Karla Andrade y Jorge Benavides. Los magistrados aplicaron el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esa norma impide admitir acciones contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante un periodo electoral. El Consejo Nacional Electoral declaró ese periodo desde el 14 de febrero de 2026. La Corte consideró que revisar el caso podría afectar el desarrollo normal del proceso electoral. La resolución se ejecuta de manera inmediata y no puede ser apelada. Ante la suspensión, Revolución Ciudadana recurrió al movimiento Amigo para inscribir a sus candidatos. Pabel Muñoz, alcalde de Quito que buscará la reelección, expresó su incomodidad por participar bajo esa organización. Rafael Correa calificó de escandalosa la suspensión de su movimiento. El expresidente también afirmó, sin presentar pruebas citadas en la nota, que los magistrados estarían amenazados por el Gobierno.