La Revolución Ciudadana volvió a mover el tablero político con una denuncia contra la fiscal que investiga el caso Caja Chica. Su presidenta nacional, Gabriela Rivadeneira, y el abogado Gabriel Rivera acudieron el miércoles 13 de mayo de 2026 a la Fiscalía. Ahí presentaron una denuncia por presunto fraude procesal contra Judith Bonilla. Bonilla actúa como delegada del fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, dentro de la investigación. El caso Caja Chica indaga un presunto esquema de delincuencia organizada y lavado de activos. Según esa investigación, hubo supuesto ingreso ilegal de dinero proveniente de Venezuela. Ese dinero habría sido usado para financiar la campaña presidencial de Luisa González y Andrés Arauz en 2023. Desde la RC sostienen que la denuncia busca que se investigue a los responsables de su exclusión electoral. El movimiento ya admite que ve difícil aparecer con su propia sigla en la papeleta de las seccionales del 29 de noviembre de 2026. Aun así, su dirigencia insiste en que no piensa dejar el tema cerrado.

El origen del reclamo está en un oficio enviado el 4 de marzo de 2026 al Tribunal Contencioso Electoral. Ese documento fue firmado por Alarcón y remitido por Bonilla, según consta en una notificación del TCE. En el texto se informó del inicio de la investigación contra la Revolución Ciudadana. Además se pidió aplicar el artículo 374 numeral 3 de la Ley de Elecciones mientras avanzaban las indagaciones. Esa norma contempla la suspensión de organizaciones políticas por investigaciones de lavado de activos. El TCE acogió el pedido y la RC quedó suspendida por nueve meses, una medida que la dejó fuera del registro electoral en pleno calendario hacia las seccionales. Rivadeneira sostiene que esa actuación fue ilegal y que afectó el derecho de participación política. El 8 de abril, el correísmo ya había pedido al TCE dejar sin efecto la medida. El tribunal negó esa solicitud y volvió a poner en conocimiento del movimiento el oficio firmado por el fiscal general. Con esa pelea abierta, la RC ahora busca trasladar la disputa electoral a la cancha judicial.