En medio de una crisis energética sin precedentes en Ecuador, el escenario político se ve sacudido por acusaciones de ocultamiento de información y posible traición a la patria. La exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, encabeza la lista de 22 denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde figuran también altos funcionarios como el viceministro de Electricidad y Energía Renovable, subsecretarios, asesores, gerentes y subgerentes de instituciones públicas.

La denuncia, presentada por el secretario de la Administración Pública de la Presidencia de la República, Arturo Félix Wong, en representación del Gobierno Nacional, apunta a dos presuntos delitos: paralización de un servicio público y traición a la patria. Se señala que los implicados habrían conspirado para ocultar la grave situación del sector eléctrico, afectando la toma de decisiones necesarias.

Según el Ejecutivo, la exministra Arrobo habría sido consciente de la crítica situación de los embalses y el déficit energético, pero habría optado por suprimir y desestimar alertas para evitar que la información llegue a otros miembros del Gabinete. Esto, a pesar de las advertencias sobre la posibilidad de apagones programados para racionar la electricidad.

La lista de implicados incluye a altos funcionarios del sector eléctrico, así como asesores y coordinadores técnicos de diversas instituciones relacionadas con la energía. El Gobierno ha solicitado a la Fiscalía retenciones con fines investigativos para algunos de los acusados, mientras se maneja el caso con reserva.

El presidente de la República, en respuesta a esta crisis, ha calificado el caso como un sabotaje y ha tomado medidas drásticas, incluyendo cambios en el Ministerio de Energía y designaciones en empresas públicas. Además, se confirma la continuidad de los apagones, lo que agrava la situación energética del país.