En dos años, RC acumula 25 denuncias electorales




El conteo incluye sentencias, procesos pendientes y nuevas acusaciones sobre el financiamiento de 2023.
La Revolución Ciudadana acumuló 25 denuncias por presuntas infracciones electorales en dos años. Las sanciones incluyeron varias multas y hasta la pérdida de cargos para algunas figuras. El capítulo más reciente apunta a Luisa González y Andrés Arauz por presunta delincuencia organizada. La Fiscalía señaló que la campaña de 2023 se habría financiado con dinero ilícito traído en efectivo desde Venezuela. A la par, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, denunció ante el TCE a González, Arauz y Estefanía Elizabeth Molina. Les atribuyó no haber presentado los informes del gasto electoral del binomio de 2023. González respondió que la RC sí entregó a tiempo los reportes. En el portal del CNE constan documentos y 131 aportes a esa campaña. Es común que listas de candidatos incumplan con los reportes quincenales y el plazo de 90 días tras la votación. Hasta julio pasado, tres meses después de la segunda vuelta de 2025, ni Daniel Noboa ni González presentaron esas cuentas. Para este 29 de enero, el binomio de ADN seguía sin transparentar la lista de aportantes. Los análisis del CNE tardan años y aún se procesan expedientes de 2023. González acusó al Gobierno de persecución política y a las autoridades de ignorar faltas del oficialismo. Entre enero de 2024 y enero de 2026, la dirigente de la lista 5 acumuló seis denuncias en el TCE. Las denuncias más frecuentes contra la RC fueron por campaña anticipada y por no presentar cuentas o informes económicos anuales. La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, afirmó que no han recibido los fondos públicos a tiempo. En dos años, las figuras de la RC recibieron siete sentencias que suman 301 salarios básicos en multas. Aquiles Álvarez fue sancionado por inducir al voto, pagó 10 salarios y ofreció disculpas públicas. Augusto Verduga y Franco Loor fueron destituidos, perdieron derechos políticos y afrontan multas de 70 salarios cada uno. El mayor denunciante fue César Cárdenas, cuyas acciones derivaron en cinco sentencias, mientras cuatro casos fueron negados, cuatro archivados, uno inadmitido, uno revocado y seis siguen pendientes.
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