Hace casi 40 años, 62 comandos de la Base Aérea de Taura vivieron un infierno tras participar en el recordado “Taurazo”, donde retuvieron al entonces presidente León Febres Cordero para exigir la libertad del general Frank Vargas Pazzos. Aunque el mandatario ofreció no tomar represalias, lo que vino después fue otra historia. Fueron detenidos ilegalmente, torturados y marginados por más de 20 años. No pudieron registrar a sus hijos, acceder a salud pública ni seguir con su carrera militar. En 2007, una Comisión de la Verdad comprobó que sus derechos humanos fueron violentados y en 2008 se les concedió una amnistía. A pesar de eso, el Estado nunca cumplió con la reparación económica ni las disculpas públicas. Hoy, 56 de ellos siguen con vida, pero otros seis murieron esperando justicia. El abogado André Villa Silva exige USD 2 millones y que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos les ofrezca disculpas públicas. Este jueves 19 de junio a las 15:00, la jueza Ximena Barragán será la encargada de llevar la audiencia de protección que podría cambiarlo todo. El caso vuelve a la agenda y con más fuerza. Los nombres de los fallecidos son Humberto Beltrán, Iván Velasteguí Mena, Adulfobso Manuel Solís Sánchez, Jhonny Moreno Calle, Simón Rodríguez Ortiz y Fulton Hernán Zambrano Méndez. Sus familias también esperan respuestas. La audiencia será pública y virtual, y promete dar de qué hablar. Muchos se preguntan por qué el Estado ha demorado tanto en responder. La historia se revive en los tribunales y los sobrevivientes quieren cerrar este capítulo con justicia.