La Fiscalía pidió que Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otros dos procesados sean condenados por delincuencia organizada. La acusación se presentó el jueves 14 de mayo de 2026, al cierre del alegato fiscal en el caso Pruebas Covid-19 y Agentes AMT. Según el Ministerio Público, la supuesta red operó entre marzo y agosto de 2020, en plena emergencia sanitaria. La tesis fiscal dice que ese grupo obtuvo beneficios económicos con la comercialización de 21.000 pruebas para detectar Covid-19 y otros insumos médicos. En ese tramo del proceso, la Fiscalía sostuvo que las pruebas se vendían en varias provincias del país. Además, señaló que esa mercadería circulaba sin facturas y sin pagar impuestos al Estado. El juicio llegó a esta fase después de varios diferimientos arrastrados desde 2022. En la audiencia ya declararon 50 personas, entre peritos y testigos. La pena por delincuencia organizada en Ecuador puede llegar hasta 10 años de prisión y subir con agravantes. Ahora el tribunal entró a deliberar y deberá anunciar su decisión en los próximos días.

La Fiscalía sostiene que la red usó bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito para mover las pruebas. Peritajes de audio y video, según la acusación, dejaron imágenes de agentes de la AMT en reuniones con Sheinman O. y Shy D. Parte de los involucrados habría usado uniformes institucionales durante esos encuentros. La investigación también señala que algunos fingieron pertenecer al cuerpo diplomático o a la DEA para movilizarse. El traslado de las cajas quedó reflejado en fotos y otros registros extraídos de celulares y material audiovisual. De acuerdo con la teoría del caso, dos israelíes participaron en esa movilización bajo custodia de agentes de tránsito. Uno de ellos fue Shy Dahan, quien murió asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral. El otro es Oren Sheinman, procesado en esta causa. La Fiscalía asegura además que en la casa de Bucaram se almacenaron mascarillas y lancetas para la toma de muestras. Sobre Jacobo Bucaram, la acusación afirma que pagó USD 321.600 en efectivo por esa mercadería.