El Gobierno terminó reconociendo la autoridad de la Corte Constitucional. El CNE remitió la propuesta de Asamblea Constituyente a los jueces en una votación sorpresiva. Daniel Noboa tuvo que acatar ese filtro tras sus acusaciones públicas. La Corte notificó a Carondelet a las 19:01 del 23 de septiembre con un dictamen lleno de correcciones. Los magistrados señalaron errores legales y pedidos de aclaración en el estatuto. En cinco horas la Presidencia expidió un nuevo decreto y lo envió a la Corte a las 00:21 del 24 de septiembre. Persistió la duda mayor sobre el cálculo de escaños para los constituyentes. Noboa mantuvo la idea de 80 miembros para la Constituyente. La distribución propuesta chocó con los principios de representación territorial y poblacional. El diseño daba más peso a los migrantes del exterior que a 23 provincias con uno o dos asientos. Los 125.000 registrados fuera del país alcanzaban el mismo número de legisladores que Pichincha con casi 2,7 millones de personas. También se acercaban a la mitad de los escaños previstos para Guayas con casi 4,4 millones de habitantes. El método D’Hondt favorecía al partido más votado y volvía partidista la Asamblea. No se contemplaba un espacio para pueblos y nacionalidades, minorías, academia o gremios. La Corte dijo que la consulta popular era la vía, pero detectó fallas de fondo en la redacción y los números. Los 13 textos introductorios no cumplían claridad, objetividad ni lenguaje neutro e inducían al voto. Un ejemplo fue la idea de que el catálogo de derechos de 2008 no evitó pobreza y desigualdad, apreciación calificada como carente de objetividad. Incluso se halló que el conteo real de escaños sumaba 105 y que se dejaban decisiones logísticas en el CNE. Tras las tensiones políticas y presiones, el tribunal pidió correcciones puntuales y el plan quedó otra vez en revisión. Si la Corte avalaba los ajustes, el CNE podría armar la papeleta para noviembre y el Gobierno apostaría por tres jornadas electorales.