Para la tarde del 21 de enero de 2026, a las 15:00, se conocería la resolución de la acción de protección de Ingrid Martínez Leisker contra la Superintendencia de Compañías. El reclamo apuntó al intento de revertir la transferencia del 40 % de sus acciones en GRANASA, editora de EXPRESO y EXTRA. Esa cesión se habría hecho años atrás desde la empresa Veranera, hoy en liquidación, a favor de Martínez. La acción de protección ingresó el 5 de enero de 2026, según el expediente. La audiencia se desarrolló el 16 de enero de 2026 ante el juez Eduardo Camilo Santamaría Encalada, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte de Guayaquil. Durante la diligencia, la defensa expuso varios derechos presuntamente vulnerados por la actuación de la entidad. Se alegó afectación al derecho a la defensa de Martínez por falta de notificación de documentos posteriores al cambio de liquidador. Esos papeles estaban relacionados con el intento de reversión de acciones. También se advirtió que el oficio del 29 de diciembre de 2025 se dirigió al representante legal de GRANASA. En ese oficio se ordenó el reverso de las acciones. La defensa sostuvo que se vulneró el debido proceso porque la Superintendencia carece de facultad constitucional y legal para revertir una transferencia de acciones. La entidad replicó que sí puede ordenar a las compañías la actualización de sus libros sociales. Los abogados insistieron en que se trata de procedimientos distintos. Se planteó además que se afectó la seguridad jurídica de Martínez. La Superintendencia señaló que, aun con la reversión, ella seguiría controlando las acciones por ser la principal accionista de Veranera. La defensa respondió que no es comparable una persona natural con una persona jurídica y recordó que Veranera cuenta actualmente con otro liquidador como representante. También se dijo que la instrucción a GRANASA para anotar la operación en el libro de accionistas implicaría pérdida real de las acciones para Martínez. Antes de la decisión, el superintendente Luis Cabezas-Klaere evitó entrevistas y se remitió a un comunicado sobre el trabajo técnico de la entidad. Para el experto Jorge Egas Peña, exsuperintendente de Bancos y exministro, la actuación del caso marcaba un precedente peligroso para la empresa privada. Egas agregó que la transferencia de acciones se realiza entre cedente y cesionario y que exigir requisitos extra podría hasta acarrear riesgos penales para quien los imponga.