ICE y el DHS elevan la vigilancia digital a prioridad operativa en Estados Unidos. Las redes sociales y los datos de ubicación se convierten en herramientas clave para la aplicación de la ley migratoria. La estrategia está formalmente documentada y se expande este 9 de octubre de 2025. El DHS institucionaliza la recolección de información personal mediante Evaluaciones de Impacto de Privacidad como la DHS/ICE/PIA-064. Esa evaluación aborda el uso operativo de información disponible públicamente, incluidas redes sociales. La Ley de Privacidad de 1974 otorga derechos estatutarios de privacidad a ciudadanos y residentes permanentes. Esta limitación permite justificar la compra de grandes bases de datos de personas sin estatus seguro. Así, la privacidad digital queda atada al estatus migratorio y aumenta la vulnerabilidad de los no ciudadanos. ICE invierte en centros como el National Criminal Analysis and Targeting Center para ampliar el archivo de información. El enfoque pasa de indagar casos puntuales a recolectar datos masivos de la población migrante. Entre las herramientas usadas están SocialNet y Babel Street’s Locate X. Según contratos, ICE destina alrededor de USD 900.000 a SocialNet desde 2020 para extraer y analizar contenido público. Locate X suma cerca de USD 2,5 millones y opera con datos de ubicación comprados a corredores de datos. Esas ubicaciones provienen de apps comunes instaladas en los teléfonos, como clima o juegos. Con Locate X se rastrean patrones de movimiento antes y después del cruce de frontera. Babel Street ofrece funciones como Agentic AI y Precise Identity Matching para unir identidades y alias. EPIC y la ACLU cuestionan la legalidad del modelo al considerar que elude órdenes judiciales exigidas por la Cuarta Enmienda. Un caso de 2018 mostró un arresto por reingreso ilegal tras una etiqueta en Facebook que confirmó presencia en un Home Depot del sur de California. USCIS revisa actividad en redes para evaluar admisibilidad y carácter moral, y puede considerar negativos contenidos inconsistentes o de apoyo a ideologías extremistas, incluso antisemitas. También existen reportes de vigilancia a críticos de ICE en plataformas sociales. Este escrutinio genera un “efecto paralizador” que fomenta la autocensura en comunidades migrantes. La recomendación central es contener la información y desactivar GPS y servicios de ubicación en los dispositivos. Se sugiere configurar perfiles privados, rechazar solicitudes de desconocidos y cuidar la consistencia de lo publicado. En la frontera, CBP puede revisar y confiscar dispositivos, por lo que conviene usar contraseñas robustas, doble factor o viajar con equipos “limpios”. En un encuentro con agentes, toda persona en EE. UU. conserva derechos constitucionales. La frase clave es “I am exercising my right to remain silent” y nunca se debe mentir ni presentar documentos falsos. Ante este escenario, expertos recomiendan buscar apoyo de un abogado de inmigración o representante acreditado para revisar el riesgo digital y la coherencia del historial en línea.