La Asamblea Nacional se alista para debatir una propuesta que podría encender la discusión en todo el país. Se trata de un proyecto de ley impulsado por la legisladora Esther Cuesta, del movimiento Revolución Ciudadana, que busca sancionar a iglesias que se metan en temas políticos. El documento fue analizado este viernes 28 de marzo por la Comisión de Garantías Constitucionales. Aunque fue presentado en mayo de 2023, recién ahora empieza a moverse. La propuesta prohíbe que las instituciones religiosas hagan propaganda política o se asocien con fines políticos. También plantea sancionar si usan sus templos para actos electorales. Si promueven conductas que afecten las libertades, también serán sancionadas. El enfoque de género está presente, y según la legisladora, la ley busca frenar discursos que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres. Las sanciones no son suaves. Podrían recibir desde una amonestación por escrito hasta una multa de USD 14.100. Incluso podrían perder su personería jurídica. Una iglesia o cualquiera de sus miembros podría enfrentar más de una sanción. El artículo 28 del proyecto también pide que las iglesias rindan cuentas ante la Contraloría. En la sesión virtual, Esther Cuesta dejó claro que la transparencia económica también es parte del control. Si se sospecha de delitos, los documentos irán directo a la Fiscalía. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos será quien vigile y sancione. Este ministerio también podrá enviar pruebas a otras autoridades. El debate sobre religión y política vuelve a estar sobre la mesa. Hay voces a favor y otras en contra. Muchos se preguntan si esto afectará la libertad de expresión. Otros creen que es hora de separar completamente la fe de la política. Lo cierto es que el tema ya está encendiendo las redes. Y si se aprueba, cambiará las reglas del juego para muchas iglesias.