Un grupo de reconocidos abogados y juristas emitió un pronunciamiento público. En ese texto rechazaron la propuesta del Gobierno de Daniel Noboa de llamar a una Asamblea Constituyente por consulta popular. El lema elegido fue “Una nueva Constitución, no”. Los firmantes argumentaron que la iniciativa representó un riesgo para los derechos, la democracia y el equilibrio institucional. Aclararon que votar “No” a una nueva Constitución no es votar contra el país. Para ellos, ese voto apunta a proteger derechos, democracia y el futuro de los ecuatorianos. Recordaron que el Ecuador atravesó una de las peores crisis de violencia de su historia. Indicaron que hubo más de 10.000 asesinatos hasta octubre de 2025. En ese contexto afirmaron que el problema no está en las normas. Apuntaron a la falta de voluntad política, capacidad y transparencia del Gobierno. El manifiesto expuso cinco razones para rechazar la consulta. La primera fue la restricción de derechos fundamentales. Sostuvieron que la convocatoria escondía intenciones preocupantes. Afirmaron que el Ejecutivo mostró interés en limitar vida, educación y libre expresión bajo el argumento de reformas institucionales. Advirtieron que una nueva Constitución redactada así abriría la puerta a un modelo autoritario con poder concentrado. La segunda razón fue el intento de reelección indefinida. Calificaron esa vía como una maniobra para controlar instituciones y debilitar la alternancia democrática. La tercera se refirió a la privatización de sectores estratégicos como energía, agua, salud y educación, con riesgo para gratuidad universitaria y atención médica pública. La cuarta alertó sobre explotación minera sin control que afectaría ecosistemas, ríos y comunidades, con el mensaje de que votar No es votar por la naturaleza y el agua. La quinta apuntó a la falta de transparencia y al riesgo de concentración de poder, con la idea de que Ecuador requiere cambiar la forma de gobernar y no la Constitución.