La compra de chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas sigue en el ojo del huracán. High-End Defense Solutions, la empresa estadounidense que vendió más de 30.000 chalecos por USD 34 millones, ya tenía problemas legales con la Policía Nacional antes de ganar el contrato con el Ministerio de Defensa. En 2023, la empresa firmó un contrato con la Policía para la compra de 5,5 millones de municiones, pero solo entregó el 50,1% del pedido, lo que llevó a la terminación unilateral del contrato y una multa de USD 220.826. En respuesta, High-End Defense demandó a la entonces ministra del Interior, Mónica Palencia, y a altos mandos policiales, pero perdió el caso. A pesar de este antecedente, la empresa fue invitada a participar en el proceso reservado para la compra de chalecos en julio de 2024 y ganó el contrato 18 días después de retirar su demanda contra la Policía. Tres meses más tarde, en diciembre de 2024, fue declarada contratista incumplida, lo que hoy la inhabilita para nuevos contratos estatales hasta 2029. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, justificó la adjudicación asegurando que, al momento de firmar el contrato, la empresa no estaba sancionada y negó haber tenido información sobre sus disputas legales con el Estado. Sin embargo, documentos del Sercop revelan que el conflicto con la Policía empezó antes de la adjudicación. La polémica sigue abierta y la Fiscalía investiga el caso.