La Ley de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que reforma el Cootad, ya se publicó en el Registro Oficial y entró en vigencia. Esto significó que prefecturas y municipios debieron separar un porcentaje mínimo de su presupuesto para inversión. Para este 2026, ese piso quedó en 65 %. Para 2028, el objetivo subió a 70 %. La norma buscó que más dinero vaya a obras y proyectos en territorio. En Quito se vio una marcha en contra de la Ley de GAD. Varias autoridades locales expresaron preocupación por cómo se aplicaría el nuevo reparto del gasto. Un punto clave fue que ya no pudieron contar como inversión la partida presupuestaria 71. Esa partida se usaba para contratar personal destinado a obras o proyectos. Con ese candado, algunos gobiernos locales temieron que ciertas iniciativas sociales se recorten. También se escuchó el temor de que programas comunitarios pierdan apoyo financiero. Aun así, autoridades dijeron que mantendrían esas actividades para quienes más lo necesitan. Mientras avanzaba el debate, este lunes 23 de febrero se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad. La acción se ingresó en la Corte Constitucional. El demandante fue el concejal de Quito, Andrés Campaña. Tras ese paso, se mencionó que otras figuras y colectivos prepararían recursos similares. Entre los nombres que se citaron estuvo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. También se mencionó a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. En la lista apareció la viceprefecta de Imbabura. Se nombró además a la bancada de la Revolución Ciudadana, a la UNE y a Pachakutik.