En menos de un año, la justicia ecuatoriana ha destituido a 93 funcionarios por fallas graves en sus funciones. Entre ellos están 48 jueces y 11 fiscales, sumando más del 63 % del total. La mayoría fue retirada por errores inexcusables o negligencia manifiesta. Solo en el caso de los jueces, 27 cayeron por actuar mal al interpretar o aplicar la ley. En el caso de los fiscales, 7 fueron separados por manejar con descuido casos clave. El Consejo de la Judicatura informó que estas destituciones buscan recuperar la confianza ciudadana. El presidente del CJ, Mario Godoy, admitió que el crimen organizado logró infiltrarse en el sistema judicial. Además, se reveló que dos funcionarios en Azuay habrían concedido beneficios penitenciarios de forma irregular. En la lista de sancionados hay también ayudantes judiciales, citadores, secretarios y hasta peritos de Fiscalía. La medida se aplica tras varios escándalos donde criminales quedaron libres por decisiones cuestionables. Las Fuerzas Armadas y otras instituciones han expresado su preocupación por estas liberaciones. Desde la Asamblea, ya se anuncia que se revisarán los concursos de jueces entre 2012 y 2017. El legislador Ferdinan Álvarez anunció que denunciarán a quienes liberen delincuentes y que se plantearán reformas. La presión social y política ha crecido por la liberación de miembros de grupos armados. La depuración del sistema se da en un momento donde el país exige justicia firme y sin atajos. El CJ dice que seguirá revisando expedientes y no permitirá más impunidad. Los ciudadanos piden que los nuevos jueces y fiscales estén realmente preparados. Muchos de los destituidos tenían procesos disciplinarios desde hace meses. La Judicatura prometió transparencia total en cada decisión tomada. Ecuador vive una de las etapas más tensas en su sistema judicial.