El presidente Daniel Noboa oficializó el Decreto 269 para blindar los perímetros de las cárceles. La orden declaró como áreas reservadas de seguridad los alrededores de los centros de privación de libertad. El objetivo fue prevenir amenazas externas y reforzar el control estatal. La medida se enmarcó en el conflicto armado interno que vivía el país. Fuerzas Armadas y Policía Nacional asumieron la custodia conjunta de estas zonas. El decreto recalcó la defensa de la integridad territorial y de los derechos ciudadanos. El anexo “B” definió los perímetros con carácter secreto. Esa delimitación contó con la aprobación previa del COSEPE en su sesión 62. El anexo “C” reunió las normas operativas también bajo reserva. El sistema de rehabilitación social conservó la gestión dentro de los recintos. Las fuerzas del orden quedaron a cargo del control exterior. El Gobierno apuntó a un cerco más riguroso en los espacios circundantes. La decisión buscó mitigar riesgos que afectaban la estabilidad de la seguridad nacional. Noboa encargó la ejecución a los ministerios de Defensa, Interior y Economía y Finanzas. También intervino el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Los gobiernos autónomos descentralizados fueron llamados a coordinar acciones. Las instituciones debían delimitar y articular los perímetros ya declarados por normativas previas. El decreto dispuso vigencia desde su publicación en el Registro Oficial. El documento fue firmado en Olón, provincia de Santa Elena, el 29 de diciembre de 2025. Con ello se derogaron las normas que chocaban con este mandato.