El presidente Daniel Noboa decretó el 5 de noviembre de 2025 un nuevo estado de excepción focalizado en Ecuador. La decisión se adoptó por la causal de grave conmoción interna. La medida tendrá una duración de 60 días. La declaratoria rige para Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. También rige para La Maná en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía en Bolívar. En esos lugares, el Gobierno ya había aplicado la medida días atrás. El Decreto Ejecutivo 202 justificó el estado de excepción por los índices de violencia y delitos que golpearon a esas jurisdicciones. El documento señaló la perpetración de ilícitos por grupos criminales. Durante este tiempo, el presidente dispone la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en los territorios indicados. Con esa orden, Policía y Fuerzas Armadas podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas. El objetivo declarado fue ubicar a integrantes de grupos armados. También se suspende el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia.

Según el decreto, esa medida busca identificar, analizar y recopilar comunicaciones físicas o electrónicas. El texto apuntó que esas comunicaciones podrían ocultar a miembros de grupos criminales o conductas ilícitas. El Decreto 202 mencionó hechos recientes para sustentar la declaratoria. Entre ellos se citó el asesinato en una gasolinera de Salinas ocurrido el 28 de octubre. También se citó el asesinato de Fernando Álvarez, administrador de un portal digital en Salitre, Guayas. El Gobierno aludió además a un informe de inteligencia calificado como secreto. Ese informe desarrolló una conceptualización de estructuras criminales, según el documento. En 638 días de gestión de Noboa, Ecuador acumuló 506 días bajo estado de excepción, y contando.