Ecuador está a un paso de convertirse en el quinto país de América Latina en despenalizar el aborto por cualquiera de sus causales. Desde la despenalización parcial en 2021, que permitió el aborto solo en casos de violación y riesgo para la vida de la madre, apenas se han registrado 93 procedimientos en el sistema de salud pública, según cifras gubernamentales. Sin embargo, solo en lo que va de 2024, el Consejo de la Judicatura ha recibido 1,040 denuncias por violación y 560 por abuso sexual.

El pasado 19 de marzo, ocho organizaciones feministas y de derechos humanos, agrupadas en el movimiento Justa Libertad, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda para despenalizar el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que castiga con prisión a quienes practiquen el aborto y a las mujeres que opten por él. La demanda fue admitida en abril, y las organizaciones sociales ahora solicitan un tratamiento urgente, considerándolo un problema de salud pública.

En 2021, la Corte Constitucional ya despenalizó parcialmente el aborto y ordenó a la Asamblea Nacional elaborar un reglamento para su implementación. No obstante, los cambios introducidos por el entonces presidente Guillermo Lasso limitaron significativamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, según las organizaciones demandantes.

La abogada Ana Cristina Vera, del centro de apoyo y protección de los derechos humanos Surkuna y del movimiento Justa Libertad, enfatizó la necesidad de considerar el aborto como un tema de salud pública para garantizar los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Según Vera, las actuales causales para el aborto legal son demasiado limitadas y ambiguas, lo que genera incertidumbre entre los profesionales de salud sobre cuándo pueden aplicarlas.

Las cifras de violencia sexual en Ecuador son alarmantes. Entre enero y abril de 2024, se registraron 772 embarazos en niñas menores de 15 años debido a violencia sexual. De 2019 a 2023, se contabilizaron 4,937 niñas menores de 14 años embarazadas, y solo el año pasado se registraron 177 embarazos diarios en niñas y adolescentes, el 80 % de ellos resultado de abusos sexuales.

A pesar de la despenalización parcial en 2021, muchas mujeres y niñas no han podido acceder al aborto legal, recurriendo a procedimientos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas. Desde 2014, 500 mujeres han sido criminalizadas por aborto, y el 70 % de estos casos fueron alertados desde el sistema de salud pública debido a complicaciones post-aborto clandestino.

Si la Corte Constitucional declara inconstitucional la penalización del aborto, Ecuador se sumará a México, Colombia, Argentina y Uruguay en la despenalización del aborto en todas sus causales. El Estado ecuatoriano deberá entonces garantizar condiciones de seguridad y salud pública para que todas las personas con capacidad de gestar puedan acceder a este procedimiento de manera segura.

Según el movimiento Justa Libertad, la mayoría de la población ecuatoriana está en contra de que una mujer vaya a prisión por abortar. Aunque no todos apoyan el aborto, ocho de cada diez ciudadanos creen que no se debe encarcelar a las mujeres por practicarse este procedimiento. Ana Vera sostiene que esta cifra refleja un avance significativo en la lucha por los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres en Ecuador.