En medio de una creciente expectativa, tres exfuncionarios clave involucrados en el caso Plaga, una investigación que se desprende del infame caso Metástasis, rendirán sus testimonios anticipados ante la Corte Nacional de Justicia. La trama gira en torno a una presunta red de delincuencia organizada que involucra a abogados, jueces, policías y otros funcionarios que, según la Fiscalía, facilitaban acciones constitucionales ilegítimas para personas privadas de la libertad.

El primer testimonio será de Omar Jarrín, exfuncionario del SNAI en Azuay, el 2 de septiembre. Jarrín es señalado por la Fiscalía como un colaborador esencial dentro de la organización criminal, responsable de contactar a familiares de reclusos y coordinar con organizaciones delictivas para obtener su liberación a cambio de grandes sumas de dinero.

El 3 de septiembre será el turno de Ángel Lindao, exjuez de La Concordia, quien supuestamente recibió USD 50 000 para devolverle bienes al narcotraficante Leandro Norero y liberar a otros detenidos. Lindao, apodado el "juez suicida" por sus polémicas decisiones, es una figura central en la investigación.

Finalmente, el 5 de septiembre, Michael Hernández, exdirector de la Escuela del Consejo de la Judicatura, dará su testimonio. Hernández, quien trabajó con el abogado Christian Romero, uno de los principales acusados en el caso Plaga, está acusado de gestionar resoluciones judiciales a favor de un sentenciado por tráfico de influencias a cambio de USD 50 000.

La Fiscalía sostiene que estos testimonios podrían desenmarañar la compleja red de corrupción que operaba al interior del sistema judicial ecuatoriano, otorgando beneficios ilegítimos a reclusos y manipulando procesos legales en favor de organizaciones delictivas. Con cada declaración, se espera que salgan a la luz más detalles de cómo operaba esta red y quiénes más podrían estar implicados.

El caso Plaga ha sacudido los cimientos del sistema judicial, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones frente a la corrupción y la necesidad de una reforma profunda para restaurar la confianza pública. La expectativa sobre estos testimonios es alta, y se espera que sus revelaciones tengan un impacto significativo en el desarrollo del proceso judicial.