El 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos decidirán en las urnas si eliminan la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos. En el referendo, los 13,9 millones de votantes serán convocados para responder cuatro preguntas, entre ellas una que modifica la Constitución de 2008. La pregunta que aparecerá en la papeleta es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas? Si la respuesta es afirmativa, el artículo 110 de la Constitución sería reformado, eliminando el financiamiento público a los partidos. Según el nuevo texto propuesto, los partidos y movimientos políticos se financiarán únicamente con aportes de sus afiliados, simpatizantes y otros recursos privados. Además, se establece que los movimientos políticos que superen el 5% de los votos en dos elecciones pluripersonales sucesivas tendrán los mismos derechos y obligaciones que los partidos. En la actualidad, los partidos políticos reciben recursos públicos que deben destinar en su mayoría a formación, capacitación e investigación, y no a campañas electorales. En los últimos 17 años, el Estado ha destinado una parte del presupuesto para financiar estos recursos, pero si la reforma se aprueba, este sistema cambiaría drásticamente.