El expresidente Rafael Correa se encuentra en el ojo del huracán tras una denuncia interpuesta por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por presunto delito de traición a la patria. Este acontecimiento estremecedor sacudió el ambiente político del país el día jueves 11 de abril del presente año.

La querella, presentada ante la Fiscalía General del Estado en la capital ecuatoriana, Quito, acusa a Correa de haber incurrido en el delito de traición a la patria según lo establecido en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La acusación se basa en las declaraciones del exmandatario sobre la crisis diplomática con México, particularmente relacionada con la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en la sede diplomática.

El delito de traición a la patria, según el COIP, incluye la divulgación de noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Este delito conlleva una pena privativa de libertad de siete a diez años en tiempos de paz y de diez a trece años durante el conflicto armado interno.

La denuncia presentada detalla minuciosamente los hechos que, según la parte acusadora, constituyen traición a la patria, incluyendo la declaración de estado de excepción por parte del expresidente, el reconocimiento de un conflicto armado interno y otras circunstancias que llevaron a la grave erosión de la institucionalidad y el Estado de Derecho en Ecuador.

Las autoridades solicitan medidas urgentes para evitar que el exmandatario continúe divulgando información que pueda generar pánico en la población y las fuerzas militares del país. Se espera que las investigaciones conduzcan a esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad correspondiente.