Este jueves 24 de julio de 2025, el Ministerio del Trabajo publicó en el Registro Oficial una nueva norma que permitirá suprimir puestos en instituciones públicas. La ministra Ivonne Núñez firmó la resolución MDT-2025-032 y dejó claro que será de cumplimiento obligatorio para todas las entidades estatales, excepto municipios, universidades y empresas públicas. La medida se basa en la Ley del Servicio Público y la Ley de Integridad Pública. ¿Quiénes se salvan de este recorte? Personas con discapacidad o que cuidan de alguien en esa condición, funcionarios en comisión de servicios por estudios, recién ascendidos en periodo de prueba o quienes estén en juicio por su plaza. Las instituciones deben justificar cada eliminación de cargo y presentar un informe que detalle todo: desde el motivo del recorte hasta cuánto se necesita para pagar indemnizaciones. Las razones incluyen duplicidad de funciones, sueldos inflados, cambios internos, crisis presupuestaria o implementación de tecnología. También se exige revisar si los empleados están legalmente habilitados para ejercer cargos públicos y si están dentro de las excepciones. Las Unidades de Talento Humano tendrán que hacer ese filtro. Esta norma busca recortar gastos y hacer más eficientes los servicios del Estado, aunque muchos temen que sea la puerta para despidos masivos. La medida ya empezó a generar tensión en las instituciones públicas del país.