El terremoto de magnitud 7,8 que golpeó la costa de Ecuador el 16 de abril de 2016 dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos. El epicentro fue en Pedernales, en Manabí, y el impacto alcanzó con fuerza a varias ciudades cercanas y también a Esmeraldas. Los daños fueron calculados en alrededor de 3.600 millones de dólares, según cifras oficiales. Durante el Gobierno de Rafael Correa se reunieron 3.500 millones de dólares entre impuestos y donaciones para atender la emergencia. Pese a eso, la reconstrucción avanzó con lentitud y quedaron dudas por el manejo de los recursos. En el camino aparecieron denuncias por supuestos desvíos de fondos, sobreprecios y demoras en obras clave. Entre esas obras estuvieron hospitales y proyectos básicos que se entregaron o empezaron recién en los últimos años. El caso llegó hasta la Justicia y el año pasado el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado a 13 años de cárcel por malversación. Junto a él también fueron sentenciados otros exfuncionarios por el uso irregular de fondos públicos. La Fiscalía señaló que el perjuicio al Estado superó los 225 millones de dólares. Francisco Bravo, activista que ha seguido este proceso desde el inicio, aseguró que se priorizaron 584 proyectos. Según su versión, muchos de esos planes no estaban ligados directamente a atender las consecuencias del sismo. Julio Villacreses, de la Comisión Anticorrupción en Manabí, dijo que estos años han sido de resistencia. También cuestionó que la Contraloría apenas auditó un 3 % de las obras relacionadas con la reconstrucción. Mientras tanto, familias afectadas siguen esperando que se cumplan las promesas que recibieron después de la tragedia. El grupo Amores Eternos 16A, formado por 35 integrantes, asegura que el Gobierno ofreció casas para niños que quedaron huérfanos en Manta. Betty Cedeño contó que estuvieron cerca de ser beneficiados, pero un cambio de ministro frenó todo. En Portoviejo también sigue detenido el proyecto para construir un Instituto Superior Tecnológico que quedó destruido por el sismo. Ese plan tiene financiamiento del Banco Europeo de Inversiones desde 2017, pero aún no se ejecuta, y algo parecido ocurre con nueve estaciones de bomberos en Manabí. En Pedernales, 1.736 familias siguen sin vivienda y el actual Gobierno asegura que apenas quedan entre 5 y 7 millones de dólares para uno o dos proyectos más.