La extradición de ciudadanos ecuatorianos es un tema que involucra una serie de consideraciones legales y procedimientos establecidos tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro país al igual que otros países, está sujeto a tratados bilaterales y multilaterales que regulan el proceso de extradición. Estos tratados definen los delitos por los cuales un individuo puede ser extraditado. En nuestro contexto la extradición se rige por disposiciones legales establecidas en la Constitución de la República y por la Ley Orgánica de Extradición Pasiva, que establece los procedimientos y requisitos para la solicitud y ejecución de extradición de personas reclamadas por otros países.

En virtud de ello, el gobierno nacional ha sometido a consideración en el Referéndum y Consulta Popular de 2024 este asunto, el cual reviste gran relevancia para las próximas determinaciones en el ámbito de la seguridad y la justicia.

ENMIENDA CONSTITUCIONAL (DECRETO EJECUTIVO No. 163)

"¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes?"

La extradición buscaría fortalecer la soberanía de nuestro país, afectado por la impunidad y la negligencia judicial, al permitir procesar y enjuiciar individuos acusados de delitos graves en jurisdicciones extranjeras. En este contexto, buscar justicia transnacional a través de la extradición permitiría acusados no puedan evadir la justicia simplemente cruzando las fronteras. Esto es fundamental en un mundo globalizado donde los delitos pueden tener ramificaciones internacionales.

El compromiso mutuo entre naciones para combatir el crimen transnacional y la impunidad es uno de los objetivos tangibles con este mecanismo al demostrar que ningún individuo está por encima de la ley, contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho nacional y regional. La extradición posibilita la aplicación del principio de territorialidad jurisdiccional, permitiendo que los procedimientos judiciales se desarrollen en el país de comisión del delito. Este enfoque, al evitar la necesidad de procesos judiciales en múltiples jurisdicciones, agiliza los trámites legales y promueve una gestión más eficaz de la administración de justicia. Si bien puede haber casos en los que la extradición no se concede, ya sea por razones legales, humanitarias o diplomáticas, es fundamental que el sistema judicial actúe conforme a los procedimientos establecidos y garantice el debido proceso para todas las partes involucradas.

La extradición representa un instrumento legal esencial en la cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional. Sin embargo, su implementación debe estar respaldada por salvaguardias adecuadas para proteger los derechos individuales y garantizar la equidad procesal. Es imperativo que la sociedad reconozca la importancia de este mecanismo en la aplicación efectiva de la ley a nivel global, al tiempo que se promueve la integridad del sistema judicial y se salvaguardan los principios fundamentales de justicia en un Estado de pleno derecho.