Aguiñaga: “La justicia que tarda no es justicia” caso Las Malvinas




Once militares recibieron 34 años por desaparición y muerte de cuatro adolescentes
“La justicia que tarda no es justicia”, dijo la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, al conocerse la sentencia del caso Las Malvinas. La autoridad reclamó que caiga todo el peso de la ley contra los responsables. Además cuestionó a quienes intentaron desacreditar a las víctimas y minimizar el horror. Remarcó que “cargarán con esa infamia para siempre”. El veredicto fue emitido este 22 de diciembre por el juez Jovanny Suárez Chávez. Once militares fueron declarados culpables por desaparición forzada y muerte de cuatro adolescentes en Guayaquil. La pena fijada fue de 34 años y ocho meses de prisión. La decisión incluyó a cinco cooperadores eficaces con una condena reducida de 30 meses por su colaboración con la Fiscalía. El Tribunal ordenó reparación integral con 800 salarios básicos unificados, equivalentes a 376.000 dólares. También dispuso identificar el puente donde los jóvenes habrían sido aislados tras la detención. La resolución exigió capacitaciones en derechos humanos dentro de la institución militar. Se ordenó publicar disculpas en un medio de prensa escrita y difundir un extracto de la sentencia dirigido a las familias. Ese texto deberá titularse “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas”. El documento deberá aclarar que los cuatro jóvenes no eran delincuentes y que fueron víctimas de desaparición forzada. En la misma causa se ratificó la inocencia del teniente coronel Juan Francisco y se levantaron todas las medidas cautelares. El caso reconstruyó lo ocurrido tras un operativo militar en el sur de Guayaquil en diciembre de 2024. Josué, Nehemías, Steven e Ismael fueron detenidos la noche del 8 de diciembre por una patrulla militar en la avenida 25 de Julio. Los testimonios indicaron golpes, amenazas con armas, disparos disuasivos y obligarlos a botar su ropa donde había fuego. La patrulla conocida como Tango Charlie omitió informar al ECU 911 y a la Policía, mientras el subteniente John Henry Zabala habría dado instrucciones verbales. Finalmente, los adolescentes fueron abandonados en un sitio peligroso y deshabitado, y el Tribunal cerró la audiencia dejando a salvo los recursos legales.
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