La investigadora Daniela Guerra, de Amnistía Internacional, habló con EXPRESO sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador. Ella explicó que el Informe Anual 2025 detecta un aumento de prácticas autoritarias en el país. Según su análisis, estas acciones apuntan a una mayor concentración del poder. También señaló que desde 2024 Ecuador vive un conflicto armado interno. Ese escenario ha llevado a estados de excepción repetidos y a toques de queda que ya se ven como parte de la rutina. Guerra dijo que estas decisiones deben revisarse por su impacto en los derechos humanos. Sobre la militarización de la seguridad pública, recordó que Amnistía Internacional documentó cinco casos de presuntas desapariciones en operativos militares. Esos hechos aparecen en el informe “Son militares, yo los vi”. Añadió que varias investigaciones siguen abiertas y que muchas no avanzan por la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas con la Fiscalía. Para la organización, cualquier medida de seguridad debe respetar el derecho internacional y las garantías básicas.

La crisis carcelaria también aparece entre las mayores preocupaciones del informe. Guerra mencionó que, según cifras oficiales del SNAI, entre enero y septiembre de 2025 murieron 300 personas privadas de libertad. De ese total, 105 fallecieron de forma violenta. La investigadora remarcó que, cuando una persona está bajo custodia estatal, el Estado responde por su vida, su salud y su integridad. Además, recordó que aún existe una deuda de justicia por violaciones de derechos humanos ocurridas entre 2019 y 2022. Aun así, destacó la sentencia emitida en 2026 por el caso de los cuatro niños de Las Malvinas. También insistió en que un estado de excepción jamás puede convertirse en permiso para atropellar derechos. Según sus hallazgos, familiares de desaparecidos y mujeres buscadoras han sufrido hostigamiento y estigmatización. El informe también recoge congelamiento de cuentas a organizaciones como UDAPT y Yasunidos, así como muertes, heridos y detenidos en protestas de 2025. A esto se suman la preocupación por el asesinato del periodista Patricio Aguilar y el incumplimiento del fallo judicial que ordenó eliminar los mecheros en la Amazonía.