El control del internet ecuatoriano vive uno de sus momentos más críticos. La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) revocó el título habilitante de la compañía Cable Andino, vinculada a Telconet, para operar el cable submarino que conecta a Ecuador con el mundo digital.

Aunque la empresa seguirá proveyendo servicios de internet por el momento, Arcotel advierte que paralizar este servicio público sería un delito con penas de hasta tres años de cárcel. Mientras tanto, Tomislav Topic, gerente de Telconet, anunció una serie de acciones legales para revertir la decisión.

"Esta resolución está viciada en fondo y forma. Vamos a ejercer todos los mecanismos legales para defender el derecho de los ecuatorianos a tener buen internet", afirmó Topic en recientes declaraciones.

¿Qué hará el Estado con el cable submarino?

La resolución de Arcotel implica que el Estado deberá tomar medidas inmediatas. Actualmente, Cable Andino opera bajo delegación estatal, mientras se lleva a cabo un proceso administrativo para revertir los bienes relacionados con el cable submarino. Una vez completado este proceso, el gobierno tendrá dos opciones: asumir directamente la operación del sistema o delegarla a otra empresa privada.

Sin embargo, esta transición no será sencilla ni económica. Andrés Moreta, experto en derecho administrativo de la Universidad San Francisco de Quito, explicó que el Estado tendrá que valorar los bienes e inversiones realizados en la infraestructura del cable, lo cual podría desencadenar demandas adicionales por parte de Telconet y sus socios.

"El Estado no puede apropiarse de estos bienes sin pagar por ellos, ya que forman parte de una inversión privada. Esto podría generar conflictos legales de largo alcance", señaló Moreta.

Un servicio público, una infraestructura privada

El cable submarino, conocido como "Sistema de Cable del Pacífico y el Caribe", fue construido con inversión de cinco empresas, incluida Telconet. Aunque el servicio de internet es considerado público, la infraestructura es propiedad privada, lo que complica aún más el panorama.

Mientras los expertos cuestionan la legalidad de la decisión de Arcotel, los usuarios finales temen interrupciones en el servicio de internet, en un país donde la conectividad es clave para la economía y la vida diaria.

El futuro del cable submarino es incierto, y la batalla legal que se avecina promete ser larga y polémica. Por ahora, el gobierno y Telconet están en lados opuestos de un conflicto que pone en jaque la estabilidad del sistema de telecomunicaciones en Ecuador.