El reloj ya arrancó. Desde la semana pasada, la Fiscalía tiene exactamente 90 días para reunir las pruebas que confirmen que 21 personas se robaron 104 millones de dólares del Estado ecuatoriano a través del caso Progen.

¿De qué se trata este caso? Durante la peor crisis eléctrica que vivió Ecuador en 2024, el gobierno contrató a la empresa estadounidense Progen para instalar generadores que produjeran energía. El problema: los contratos fallaron, los generadores nunca funcionaron como debían, y el dinero desapareció.

Ahora la Fiscalía debe demostrar que hubo peculado, es decir, que funcionarios públicos se aprovecharon de sus cargos para quedarse con ese dinero.

Entre los acusados están figuras importantes: el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y el exgerente de Celec, Fabián Calero. También hay 15 funcionarios más de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

De los 21 procesados, 19 tienen orden de detención. Pero hay un problema: hasta este domingo, ninguno ha sido arrestado. Dos de los principales acusados, Karla Saud —la exrepresentante de Progen en Ecuador— y Andrew Scott Williamson —el CEO de la empresa— ya están fuera del país. Para atraparlos haría falta la intervención de la Interpol.

Del resto de los acusados, incluyendo al exministro y al exgerente de Celec, se desconoce el paradero.

Durante estos 90 días, la Fiscalía podrá tomar nuevas declaraciones, pedir pericias técnicas, solicitar información a instituciones públicas y ordenar allanamientos. Si aparecen nuevas pistas que apunten a más personas involucradas, el plazo podría extenderse 30 días adicionales.

El caso Progen ya no tiene reserva desde que comenzó la instrucción fiscal. Sin embargo, el proceso todavía no aparece en el sistema de consulta pública de procesos judiciales.