El exmandatario Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas han sido vetados oficialmente de entrar a Estados Unidos, según lo anunció el Departamento de Estado. Esta decisión coincide con las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado ecuatoriano en el conocido Caso Sobornos 2012-2016, donde se señala a Correa y Glas de haber operado una red de corrupción mientras estaban en el poder.

En un comunicado, el Gobierno de Joe Biden aseguró que ambos políticos, vinculados a la Revolución Ciudadana, habrían abusado de sus cargos para recibir “coimas”, que incluyeron aportes políticos a cambio de concesiones de contratos públicos. Aunque el Departamento de Estado no especificó el caso ecuatoriano, las acusaciones calzan perfectamente con las investigaciones y las pruebas presentadas por la Fiscalía en Quito.

Según el expediente del Caso Sobornos, las investigaciones revelaron que Correa, Glas y otros altos funcionarios habrían recibido millones de dólares de empresas, entre ellas la polémica Odebrecht, los cuales habrían sido desviados al movimiento oficialista Alianza PAIS por órdenes del expresidente. Una de las piezas clave en el proceso judicial fue un cuaderno de Pamela Martínez, exasesora de Correa, que detallaba los montos y los aportes realizados por estas compañías.

La fiscal Diana Salazar sostuvo que esta red logró amasar al menos 7,5 millones de dólares mediante facturación cruzada y un millón más en efectivo. Por esto, Correa y Glas fueron acusados como autores mediatos por instigación, y otros funcionarios y empresarios también enfrentaron cargos como coautores y cómplices.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció en 2020 a ambos exfuncionarios a ocho años de prisión, ordenando además que pagaran reparaciones al Estado por USD 778.224,07 cada uno y cumplieran con otras medidas como disculpas públicas y capacitación en ética. Sin embargo, Correa ha evadido la justicia ecuatoriana desde 2018, refugiándose en Bélgica.

En respuesta a la prohibición estadounidense, Correa denunció que la decisión está vinculada al caso Sobornos y criticó la sentencia por "influjo psíquico", insistiendo en que varios países le han otorgado asilo a él y a otros involucrados.

Pero el caso Sobornos no es el único dolor de cabeza para el expresidente. Aún está pendiente un juicio por el intento de secuestro del activista político Fernando Balda en Bogotá, ocurrido en 2012. Las audiencias no se han llevado a cabo porque Correa sigue fuera del país, mientras que su exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, cumple una pena de nueve años por su implicación en este secuestro.

Actualmente, Correa enfrenta más de 40 expedientes en la Fiscalía ecuatoriana, la mayoría en etapa preliminar. Las denuncias más comunes incluyen presunto peculado y tráfico de influencias.