La Contraloría General del Estado detectó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los jueces constitucionales Alí Lozada y José Luis Terán. En el caso de Lozada, el examen especial concluyó que no justificó más de $ 25.700 entre valores en Ecuador y en Chile. El informe señala diferencias por $ 7.184,57 en cuentas nacionales y 17’173.560 pesos chilenos, equivalentes a $ 18.547,44. También se observó que no presentó respaldo suficiente para el aumento de aportes en un fondo de pensiones en Chile por $ 1.382,80. La Contraloría además encontró que no reportó una cuenta bancaria en el Banco Internacional abierta desde 2001. Otro punto revisado fue una bodega en Quito que no apareció de forma individual en sus declaraciones patrimoniales. El documento indica que el patrimonio de Lozada pasó de $ 460.957,85 en 2020 a $ 763.267,90 en 2025. Esa variación representa un incremento de $ 302.310,05 durante el periodo analizado. Según el informe, uno de los principales factores fue la compra de un inmueble por $ 380.000 en julio de 2023. En el caso de José Luis Terán, la Contraloría determinó que no justificó $ 70.794. De ese total, $ 54.304 corresponden a recursos observados en cuentas de Banco Guayaquil, Banco Pichincha, Mutualista Pichincha y la cooperativa de ahorro de docentes universitarios. También se concluyó que no justificó $ 2.316,61 usados para pagar una cuota de un préstamo en Produbanco. A esto se suma que no respaldó el origen de $ 13.576,95 destinados al pago de tarjetas de crédito Visa, Diners Miles y Discover. La Contraloría señaló además que Terán omitió incluir algunas cuentas bancarias activas en sus declaraciones presentadas entre 2020 y 2025. El informe también menciona que no reportó cuatro tarjetas de crédito emitidas a su nombre y al de su cónyuge. Otro hallazgo fue que no declaró los derechos de propiedad intelectual de su libro El delito de lavado de activos, registrados en 2023 en el Senadi. En el análisis patrimonial se determinó que los bienes de Terán y su cónyuge pasaron de $ 549.053,64 en 2020 a $ 817.346,91 en 2025. Esa diferencia fue de $ 268.293,27, de acuerdo con el examen especial. La Contraloría también observó diferencias entre valores declarados de varios inmuebles y los avalúos catastrales municipales. Ambos informes ya fueron enviados a la Fiscalía para que se investiguen estas novedades detectadas en los exámenes especiales.