A dos semanas de la consulta popular y referéndum 2025, el CNE instaló un consejo consultivo con partidos y organizaciones en Quito el 30 de octubre. En esa mesa, el delegado de la Revolución Ciudadana, Francisco Estarellas, pidió un certificado del IGM que garantizara que las papeletas no tenían ninguna sustancia que transfiriera votos. La petición arrancó sonrisas entre varios asistentes y no recibió una respuesta inmediata. El correísmo insistió en que desde la segunda vuelta presidencial se habló de un químico que habría movido votos de Luisa González hacia Daniel Noboa. Otro reclamo que se repitió fue la campaña anticipada a favor del Sí atribuida a entidades públicas. Gustavo Vallejo, del PSE, preguntó qué medidas tomó el CNE para aplicar recomendaciones de la UE y de la OEA sobre campaña adelantada e incidencia de autoridades en los comicios de abril de 2025. Unidad Popular se sumó a ese punto y acusó al CNE de inclinar la promoción institucional hacia el Sí al invitar a participar.

También preocupó a los delegados la serie de denuncias que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, presentó ante el TCE por presuntas irregularidades en cuentas de campaña. Entre esas denuncias aparecieron la Unión Nacional de Educadores y la Conaie. La vicepresidenta de esa organización, Ercilia Castañeda, dijo que ese mecanismo parecía usarse en este momento para presionar a quienes se oponían a las preguntas. Estarellas apuntó además a Banco Pacífico como entidad que, a su juicio, hacía campaña abierta por el Sí. Atamaint respondió que, tras revisar, Banco Pacífico figuraba como empresa privada. La funcionaria sostuvo que el caso seguía en análisis y que podían pedirse a los medios que retiraran publicidad si correspondía. La consejera Elena Nájera advirtió que, aunque el banco se registraba como privado, mantenía una participación estatal importante. El área de Promoción Electoral informó que todas las entidades públicas fueron notificadas de las prohibiciones durante el periodo electoral, salvo excepciones previstas.

El CNE detalló que recibió 694 solicitudes de autorización para publicidad institucional. Ese volumen implicó analizar 1.655 piezas y aprobar 1.329. Stalin Vargas, de Unidad Popular, reclamó que mientras instituciones del gobierno difundían mensajes, los actores del Sí o del No recién podrían lanzar piezas el 5 de noviembre. Eso dejaba cuatro días de rezago respecto del sábado 1 de noviembre, fecha de inicio oficial de la campaña, que duraría 13 días. En paralelo, el CNE difundió una explicación técnica sobre el sistema informático y el procesamiento de actas, presentándolo como garantía de transparencia.