La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas provisionales a favor de Jorge Glas. La autoridad afirmó que existía un riesgo cierto de daño irreparable para su vida, integridad y salud. La decisión fue confirmada la noche del 3 de noviembre de 2025 por su abogada Sonia Vera en X. El exvicepresidente permanecía recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. La Corte ordenó garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica de forma permanente. Dispuso autorizar visitas de sus familiares, abogados y médicos de confianza. Mandó mantener activa la mesa técnica de salud. También requirió que el Estado rindiera informes periódicos sobre su situación. La defensa había advertido un deterioro progresivo de su salud desde el 6 de abril de 2024. Esas alertas fueron usadas como sustento en el pedido internacional. La Comisión Interamericana ya había pedido medidas en julio de 2025 por gravedad y urgencia. Con esta resolución, la Corte emitió medidas provisionales de cumplimiento obligatorio para Ecuador. Glas cumplía una condena unificada de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. Fue condenado por asociación ilícita y cohecho agravado en esos procesos. En enero de 2023 la jueza Melissa Muñoz aprobó la unificación para que la pena de Sobornos absorbiera la de Odebrecht. Además enfrentaba una sentencia de primera instancia de trece años por peculado en Reconstrucción de Manabí. Ese expediente estaba ligado a presuntas irregularidades en recursos para obras tras el terremoto de 2016. La orden internacional buscaba asegurar su integridad mientras seguía privado de libertad. Organismos y opinión pública siguieron atentos el cumplimiento de las disposiciones. La defensa anunció que vigilaría que cada punto se ejecutara en el penal de Guayaquil.