Los cuestionados contratos de generación eléctrica firmados con Progen y Austral Technical Management (ATM) vuelven a generar controversia. Una investigación periodística reveló la existencia de nexos familiares, comerciales y profesionales entre varios de los actores que participaron en ambos proyectos, hoy señalados por incumplimientos y retrasos. El caso surge mientras la Fiscalía continúa ampliando diligencias dentro de la investigación por el contrato de Progen. La atención se concentra en la central de Salitral y en el proyecto Esmeraldas III. Ambos fueron presentados como soluciones urgentes frente a la crisis energética que atravesó Ecuador. Sin embargo, los proyectos terminaron acumulando cuestionamientos por incumplimientos en los cronogramas y problemas técnicos. La investigación menciona a José Manrique, vinculado a Astrobryxa, empresa subcontratista de Progen. También aparece Karla Saud, quien actuó como lobista de la compañía estadounidense. Según el reportaje, varios de los involucrados mantienen relaciones empresariales y familiares que hoy son observadas con atención. Estas conexiones habrían coincidido durante la ejecución de los contratos y en cargos relacionados con el sector eléctrico estatal.

Otro de los nombres mencionados es Cristopher Barberán, socio de Karla Saud en una empresa privada. El reportaje señala que es hijo de Manuel Barberán, gerente de Electroguayas. Además, se menciona que fue Manuel Barberán quien firmó el contrato con ATM para el proyecto Esmeraldas III. La investigación también recoge declaraciones de Carlos Ortiz, quien pasó por Electroguayas antes de asesorar a representantes vinculados con Progen. A esto se suma un correo electrónico atribuido a Nicolás Pic, gerente de ATM. En ese mensaje se indica que la empresa también buscó obtener el contrato de Salitral antes de que fuera adjudicado a Progen. Según la documentación citada, incluso se habría realizado una reunión en el despacho del ministro Roberto Luque durante ese proceso. Estas revelaciones aparecen en momentos en que continúan las investigaciones sobre los millonarios contratos energéticos firmados durante la emergencia eléctrica. El caso sigue generando dudas sobre los procesos de contratación y sobre las relaciones entre actores públicos y privados involucrados en los proyectos.