La justicia indígena de la comunidad San Ignacio, en Toacaso, liberó a tres policías tras un juicio comunitario. La resolución llegó la tarde del 21 de agosto de 2025 en Cotopaxi. Los uniformados ofrecieron disculpas públicas a Leonidas Iza y esa fue la condición para su salida. El proceso los declaró culpables de ingresar al territorio sin autorización. Iza señaló que los agentes lo habían perseguido durante varios días. Esa versión desencadenó su retención por parte de los comuneros. La Policía y la Fiscalía afirmaron que los funcionarios cumplían labores de inteligencia previa. Los detenidos fueron identificados como el suboficial Carlos Uvidia, el cabo primero Bryan Díaz y el policía Kevin Guamán. La retención ocurrió el 18 de agosto en San Ignacio. Durante esos días, autoridades nacionales instalaron diálogos con líderes indígenas para destrabar el caso. La audiencia pública se realizó en el patio de una escuela de la comunidad. Asistieron decenas de dirigentes y vecinos, además de medios de comunicación. Los tres policías explicaron que su presencia respondía a una operación de seguimiento. El juez indígena determinó que invadieron territorio comunitario sin orden judicial. Como parte de las resoluciones, los agentes declararon que no fueron secuestrados por Iza. También aceptaron que no contaban con una orden para ingresar a la zona. Tras emitir las disculpas, el juez dispuso su liberación inmediata. Los policías fueron entregados a sus familiares en condiciones que la comunidad calificó como “sanos y salvos”. El juez indicó que la investigación continuaba en la jurisdicción indígena. El episodio reabrió la discusión nacional sobre los límites entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.