A partir del 1 de enero de 2026, Estados Unidos cobrará un impuesto del 1% a las remesas que envían los migrantes. La medida surge de una ley impulsada por Donald Trump. El impacto pegará en miles de hogares ecuatorianos que dependen de esos giros. En 2024, Ecuador recibió USD 6 538 millones en remesas. De ese total, USD 4 804 millones llegaron desde Estados Unidos. En el primer semestre de este año, el flujo desde ese país rozó los USD 3 000 millones. Guayas, Pichincha, Azuay y Cañar concentran la mayor parte de esos recursos. El economista Joselo Andrade calcula que el efecto podría restar USD 50 millones netos a la economía. Para las familias de ingresos apretados esa merma pesa en el día a día. Andrade prevé un aumento de envíos entre noviembre y diciembre antes de que rija el cobro. Ese salto sería temporal y no resolverá el problema de fondo, advierte. Propone reformas que impulsen crecimiento para amortiguar el nuevo escenario. El analista Jorge Calderón anticipa cambios en el comportamiento de envío desde enero. Los canales tradicionales perderían fuerza por el costo extra, explica. Parte de los migrantes podría moverse a rutas informales con riesgos mayores. También usarían las excepciones previstas en la norma estadounidense. Entre esas opciones, las transferencias digitales con tarjetas de crédito o débito no serían penalizadas, afirma. El reto para los hogares será elegir el canal más conveniente y seguro. La prioridad será proteger el dinero que paga comida, educación y salud en casa. La consigna es informarse bien y planificar cada giro para 2026.