La decisión del presidente Daniel Noboa de fusionar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno ha generado protestas y alarma entre las organizaciones feministas y de derechos humanos, especialmente en un contexto en el que los feminicidios y la violencia de género están aumentando de forma alarmante.

La medida forma parte de un plan de recorte institucional impuesto por el gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha reducido el número de ministerios en el país de 20 a 14. Sin embargo, al combinar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, se diluye la estructura que se encargaba específicamente de la protección de los derechos de las mujeres, justo cuando la violencia de género está alcanzando cifras récord. En el primer semestre de 2025, más de 200 mujeres fueron asesinadas por razones de género, y el número de víctimas continúa en aumento, incluyendo a menores de edad.

Este recorte en las políticas públicas y la fusión ministerial ha afectado directamente los recursos disponibles para atender a las víctimas, lo que deja a miles de mujeres en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia están al borde del colapso, y la falta de presupuesto hace que los servicios básicos de prevención y protección no puedan mantenerse.

Las organizaciones sociales y feministas temen que este retroceso en las políticas de género sea un golpe a los avances conseguidos en décadas pasadas en la lucha por los derechos de las mujeres en Ecuador. El artículo destaca historias de mujeres y niñas que enfrentan situaciones extremas de violencia y, a pesar de las alertas del sistema de protección, no reciben la atención adecuada debido a la falta de recursos.

La crisis es clara: las mujeres, y en particular las más vulnerables, como las niñas y adolescentes, están siendo dejadas atrás por el Estado, lo que podría tener consecuencias fatales si no se revierten estas decisiones. Las protestas en las calles continúan, exigiendo que se revierta la fusión de ministerios y se garantice una política pública efectiva para la protección de las mujeres en Ecuador.