El presidente Daniel Noboa encendió la chispa con su primer proyecto de ley urgente ante la nueva Asamblea. Quiere desarmar las economías criminales ligadas al conflicto interno, pero la Revolución Ciudadana ya salió con los dientes afilados. Dicen que la ley no es económica, sino una trampa con reformas penales. El asambleísta Franklin Samaniego la tachó de “populismo penal” y denunció que permitiría allanamientos sin juez, juicios exprés y jueces especiales. Desde el oficialismo le respondieron con fuerza: “Es clave para frenar a los narcos que tienen más plata que el Estado”. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, defiende que todo tiene sentido y que el correísmo se opone sin debatir. La ley ya fue enviada con carácter urgente el 17 de mayo y el CAL debía conocerla este 19 de mayo. Si pasa los filtros, empieza una carrera contrarreloj: la comisión tendrá 10 días para estudiarla, oír a la sociedad y armar el informe. Luego vienen el segundo debate, votación y posibles cambios. Se necesitan 77 votos para aprobar o archivar. Si no hacen nada en 30 días, Noboa la firma como ley sin pedir permiso. La jugada es fuerte: busca acelerar la lucha contra el crimen organizado, pero con reglas nuevas que no a todos les gustan. El cruce de acusaciones apenas comienza y el tiempo corre.