La compra de 60 trolebuses eléctricos por parte del Municipio de Quito, a través de Unops y por USD 35,3 millones, encendió las alarmas del Sercop. Según un oficio revelado este 9 de abril, habría irregularidades en el modelo contractual aplicado. Aunque el Municipio insiste en que todo fue legal, el Sercop cuestiona que se haya usado cooperación internacional cuando el 99 % del dinero vino del presupuesto municipal. Dos concejales, Wilson Merino y Michael Aulestia, pidieron una revisión al proceso y afirman que debió regirse por la Ley de Contratación Pública. El Sercop les dio la razón: no puede haber cooperación si no hay financiamiento mayoritario. El contrato fue firmado con la empresa china Yutong a través de Unops, pero el Sercop dice que eso se justifica solo en casos de salud pública, no en transporte. También advirtió que las entidades públicas no pueden contratar a través de terceros para evadir la ley nacional. Pese a todo, la Empresa de Pasajeros defiende el convenio y asegura que se ampara en tratados internacionales. Afirma que el Sercop solo respondió preguntas de concejales y no evaluó el contrato en sí. Sin embargo, los concejales insisten en que se violaron al menos dos artículos de la Ley de Contratación. Según ellos, ni siquiera hubo un aporte parcial real de Unops. Merino pidió al alcalde Pabel Muñoz que detenga la ejecución del contrato. El Sercop aclara que su criterio no es vinculante, pero es una advertencia. El documento habla de la obligación de priorizar proveedores nacionales. También sugiere que la vía usada no optimiza el gasto público. La polémica crece y el contrato sigue en marcha. El Municipio defiende la legalidad, pero la lupa ya está puesta.