En el marco del Caso Encuentro, se han revelado transcripciones que sugieren que el ex presidente Rafael Correa tenía planes para encarcelar a varios opositores políticos y organizar un amotinamiento. Esta información salió a la luz a través de 19 archivos de audio, video y conversaciones telefónicas que involucran a figuras como Danilo Carrera y Rubén Cherres. Las pericias indican que estas reuniones se llevaron a cabo en la casa de Nahim Massuh y también incluyen nombres de personas de otras bancadas políticas.

Uno de los fragmentos más controvertidos proviene de una conversación del general de la Policía, Víctor Arauz, quien comentó que había dialogado con Correa sobre su deseo de ser candidato del correísmo. Según las transcripciones, la condición que Correa habría impuesto era “poner en la cárcel” a varias figuras del gobierno de Lenín Moreno, incluyendo a Moreno mismo, Juan Sebastián Roldán, María Paula Romo, Andrés Michelena, y hasta la esposa de Moreno. Además, se planeaba armar un amotinamiento posterior.

Este plan resultaba alarmante, especialmente considerando que los amotinamientos carcelarios en Ecuador, para ese entonces, habían resultado en la muerte de cerca de 400 presos en condiciones extremadamente violentas. Estas revelaciones subrayan el clima de tensión y peligro en la política ecuatoriana durante el período de Correa.

El Caso Encuentro está siendo investigado por la Fiscalía, y se enfoca en una supuesta estructura criminal conformada por servidores públicos y privados que buscaban obtener ganancias de empresas estatales como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas. La Fiscal General, Diana Salazar, ha indicado que este grupo direccionaba la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en estas entidades para obtener beneficios económicos.

La investigación se desarrolla desde enero de 2023, cuando se hizo pública una presunta red de corrupción. A lo largo del proceso, se han realizado varios allanamientos y se han levantado indicios que apuntan a la participación de altas figuras del sector público y privado. A pesar de las múltiples detenciones, la complejidad del caso sigue desafiando a las autoridades.

Las audiencias preparatorias de juicio están programadas para el 15 y 16 de mayo de 2024. Mientras tanto, la ciudadanía sigue de cerca los desarrollos de este caso que podría tener implicaciones profundas para la política ecuatoriana.