La Fiscalía movió este 13 de mayo una pieza pesada en el caso Goleada. A las 09:30, el juez Jairo García instaló de forma telemática la audiencia de reformulación de cargos y vinculación. Minutos después, el fiscal Dennis Villavicencio arrancó su exposición. En esta causa ya están procesados Aquiles Álvarez, sus hermanos y otras nueve personas. La Fiscalía intenta cambiar la calificación jurídica con la que arrancó la investigación. Hasta antes de esta diligencia, el expediente giraba alrededor de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La audiencia se desarrolla sin acceso para personas externas y solo con los sujetos procesales. El juez también dispuso que Aquiles Álvarez se conecte desde la Cárcel del Encuentro. Allí permanece por otros procesos penales vigentes. Con este nuevo paso, el frente judicial del alcalde de Guayaquil vuelve a tomar temperatura.

Además de reformular cargos, la Fiscalía pidió vincular a cinco personas más y nueve empresas. Entre los nombres están Fiorella Icaza y Gioconda Henriques, esposa y madre del alcalde. También aparecen otros allegados del entorno familiar de Álvarez. Según la teoría fiscal, existiría un entramado empresarial usado para mover combustible subsidiado y vulnerar controles del sistema financiero. El Ministerio Público sostiene que grandes volúmenes de diésel debían ser despachados a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, ese combustible habría sido desviado a embarcaciones internacionales. Con esos réditos, según la investigación, se habrían creado empresas de papel domiciliadas en Panamá. La Fiscalía además habla de simulación de obligaciones, omisión de ingresos y apariencia de gastos. Hasta los reportes más recientes revisados, la diligencia seguía en curso y todavía no aparecía una decisión judicial final sobre el nuevo tipo penal. Por eso, toda la atención está puesta en el giro que puede dar este caso para Aquiles Álvarez y su círculo más cercano.