Este jueves 24 de julio, el Gobierno anunció un cambio radical en el Estado: se fusionarán ministerios y se desvincularán al menos 5.000 funcionarios públicos. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, dijo que la medida busca mejorar la eficiencia y se ampara en el reglamento de la Ley de Integridad Pública. Las carteras de Estado bajarán de 20 a 14 y las secretarías pasarán de nueve a solo tres. El recorte no afectará a policías, militares, maestros, médicos ni enfermeras, pero sí al personal administrativo y del IESS que, según el Gobierno, no rinde con excelencia. La reestructuración empezará de inmediato. Cada ministerio deberá hacer su propio cronograma para los despidos. En cuanto a las fusiones, el Ministerio de Vivienda se une con el de Transporte; Patrimonio y Deporte se juntan con Educación; Ambiente se mezcla con Energía; Turismo pasará a Producción; y la Secretaría de Educación Superior se integrará al Ministerio de Educación. Además, el ECU 911 y el Snai quedarán bajo el control del Ministerio del Interior. Esta medida deja fuera a miles y reconfigura totalmente el mapa del Ejecutivo. Jaramillo defendió la decisión, asegurando que se trata de una optimización necesaria para ofrecer un mejor servicio. Sin embargo, los trabajadores públicos temen despidos masivos y el colapso de varias áreas del Estado. Mientras tanto, los gremios ya se preparan para responder ante este remezón institucional.