El ministro del Interior, Jhon Reimberg, no se guardó nada y pidió una depuración completa de jueces y fiscales. Lo hizo tras una serie de fallos que dejaron en libertad a supuestos criminales, causando indignación nacional. Dijo que ya hay funcionarios que “cumplieron su época” y ahora solo sirven para liberar a delincuentes. Reimberg fue claro: o se limpia la justicia o el país entrará en un problema serio. La Judicatura también reaccionó y anunció una auditoría al sistema disciplinario de los operadores judiciales. Mario Godoy, su presidente, detalló que 89 jueces y fiscales ya han sido sancionados desde julio de 2024. De esos, 45 fueron destituidos, la mayoría en provincias costeras como Guayas, Los Ríos y Santo Domingo. Godoy reconoció que hay servidores judiciales que se protegen entre ellos para evitar sanciones. El gobierno también anunció una mesa de seguridad junto con la Fiscalía y la Judicatura. Buscan evitar que criminales salgan caminando de los juzgados con medidas judiciales. La gota que derramó el vaso fue la liberación de dos sospechosos del asesinato de una comerciante china en Guayaquil. Reimberg calificó como “vergonzoso” el cruce de comunicados entre Fiscalía y Judicatura tras ese hecho. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, coincidió con Reimberg y dijo que la justicia necesita una limpieza profunda. “Queremos una historia nueva y sin cómplices de la delincuencia”, dijo. La auditoría ya empezó y apunta a revisar todos los rincones del sistema. La ciudadanía exige que quienes liberan a criminales también rindan cuentas. El mensaje es claro: o se corrige el sistema o se cae en el caos. La guerra contra el crimen no puede tener jueces del lado equivocado. Las autoridades prometen resultados, pero la presión sigue creciendo. ¿Será esta vez la vencida?