Gobierno reactivó la idea: cooperativas podrían convertirse en bancos


La Asamblea aprobó la reforma el 8 de octubre de 2025 con 81 votos a favor
El Gobierno de Daniel Noboa volvió a plantear que ciertas cooperativas de ahorro y crédito se transformaran en bancos. La movida se dio tras la aprobación de la Ley Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero del 8 de octubre de 2025. La Asamblea la aprobó con 81 votos a favor, 63 en contra y cinco abstenciones. El oficialismo respaldó el cambio y el correísmo lo rechazó. La Corte Constitucional había tumbado por vicios de procedimiento la Ley Orgánica de Integridad Pública, que ya contenía este planteamiento. Con la nueva reforma se dejó por escrito que la transformación sería voluntaria y dependería de la decisión de la Asamblea General de cada entidad.
El texto dispuso que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria definiera requisitos y pasos para el proceso. En Ecuador existían 398 cooperativas y cualquiera podía iniciar el trámite cuando salieran las directrices. La propuesta caída contemplaba que el cambio fuera obligatorio para las cooperativas identificadas por un estudio. Aquella versión ordenaba emitir reglas en tres meses para precisar qué entidades debían transformarse. El filtro mencionado aludía a un análisis de interconexión y riesgo sistémico. La interconexión describía el grado de relación de una entidad con otras dentro del sistema.
El riesgo sistémico se entendía como la posibilidad de que un problema en una entidad relevante arrastrara a más actores. Con la reforma vigente ya no se exigió ese análisis en el texto aprobado. En su lugar, se indicó que la transformación implicaría operar como sociedad anónima del sector financiero privado. Esa operación quedaría bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Durante el proceso, los entes de control y regulación cuidarían los ahorros de la ciudadanía y la estabilidad del sistema. El Gobierno apuntó a abrir una ruta clara para las cooperativas interesadas en dar el salto. El camino quedó supeditado a las reglas que emitiera la nueva Junta. Las entidades que decidieran avanzar deberían cumplir cada requisito que se fijara en esa regulación. La discusión se centró en que el cambio quedara a voluntad de cada cooperativa y con vigilancia reforzada.
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