Golpe millonario a Portugal por fallas ambientales




El país deberá pagar 10 millones de euros y 41.250 euros por día mientras siga incumpliendo.
El Tribunal de Justicia de la UE multó a Portugal con 10 millones de euros (8,7 millones de libras) por incumplir la legislación ambiental que le obligaba a proteger la biodiversidad. Además, le ordenó pagar 41.250 euros diarios hasta que cumpla una sentencia anterior de 2019. El tribunal dijo que aplicó la multa máxima posible para “alentar” a Portugal a terminar con la infracción. La sanción diaria se calculó como 750 euros por cada uno de los 55 lugares que, según el tribunal, aún seguían sin protección. El monto diario bajaría 750 euros por cada sitio que pase a cumplir la normativa. En su comunicado, el tribunal afirmó que se trató de infracciones “especialmente graves” y que Portugal había persistido en ellas. También recordó que el territorio portugués tiene una biodiversidad rica con 99 tipos de hábitats y 335 especies cubiertas por la Directiva de hábitats. Por eso, sostuvo que lo que estaba en juego para el patrimonio común de la Unión Europea era especialmente importante. Con esa base, y tomando en cuenta la duración del incumplimiento y la capacidad de pago del país, fijó la suma global en 10 millones de euros. La Comisión Europea llevaba años presionando para que Portugal conserve y proteja hábitats y especies en áreas que debían ser designadas para conservación. Entre esos sitios de “importancia comunitaria” en la región biogeográfica atlántica se mencionaron Peneda-Gerês, el único parque nacional de Portugal, y el parque natural Litoral Norte. También se incluyeron los ríos Miño y Lima dentro del listado citado. Se nombró Valongo como un lugar con especies raras de helechos y relevancia para la salamandra de rayas doradas. En el mismo paquete aparecieron la sierra de Serra D’Arga y Corno do Bico, descrito como un paisaje protegido. El tribunal ya había ordenado a Lisboa cumplir la Directiva de hábitats en 2019, tras un caso presentado por la Comisión Europea. El proceso se originó por acusaciones de que Portugal no había designado sitios como áreas especiales de conservación (ZEC). La directiva establecía que los países debían designar esas ZEC en un plazo de seis años y sumar medidas para proteger hábitats y especies raras. En 2019, el tribunal determinó que Portugal no cumplió con la designación de 61 áreas bajo la clasificación biogeográfica atlántica y mediterránea. Un portavoz del gobierno portugués dijo que el litigio venía de 30 años atrás y que pasó por 12 gobiernos. Aun así, sostuvo que en abril pasado el gobierno lanzó un “proceso legislativo intensivo” para avanzar rápido con la designación de ZEC y aprobar planes de gestión. El vocero aseguró que faltaba poco para cerrar el trabajo y que Portugal cumpla completamente con sus obligaciones.
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