Ambientalistas protestaron este jueves 26 de febrero de 2026 en Quito contra la ley urgente de minería y energía. Se concentraron frente a los edificios de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. La movilización ocurrió tras la aprobación de la normativa enviada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica. El Pleno de la Asamblea aprobó la ley con 77 votos a favor. Aunque la votación se dio en Guayaquil, en Quito los colectivos mantuvieron el rechazo en las calles. Yasunidos, Quito sin Minería y otras organizaciones se reunieron para expresar su oposición. Los manifestantes llegaron con pancartas, música, malabares, disfraces y consignas. En sus mensajes criticaron al Gobierno, autor de la iniciativa. Aseguraron que la nueva ley protege el interés privado. También dijeron que no protege los derechos de la naturaleza. Señalaron que se pone en riesgo el acceso a agua limpia. Los colectivos ratificaron que presentarán demandas de inconstitucionalidad. Indicaron que la norma vulnera el derecho a la consulta libre e informada. Otro punto de rechazo fue la posibilidad de ingreso de Fuerzas Armadas a territorios. Afirmaron que con la ley se afectaría a la Amazonía. También mencionaron al Chocó Andino. Incluyeron a Galápagos por el uso de recursos mineros pétreos. Amparo Rivadeneira, del colectivo Rebelión y Extensión, dijo que acudirían a las instancias necesarias y que no permitirían la destrucción de los páramos. Yasunidos y otras organizaciones anunciaron que demandarán la inconstitucionalidad de la ley. Se indicó que la aprobación se dio con el respaldo de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. Al rechazo se sumaron la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). También se sumó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En sus pronunciamientos, colectivos hablaron de un modelo extractivo que profundiza la dependencia minera y energética. Yasunidos sostuvo que la ley no era un “ajuste técnico” y que buscaba acelerar actividades de alto impacto. Mencionó que se lo hacía bajo argumentos de eficiencia económica, sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica. También aseguró que se priorizaba la rentabilidad de élites económicas sobre derechos y que habría más presión y riesgo para pueblos y comunidades.