El 3 de enero de 2025, las autoridades surcoreanas intentaron detener al presidente suspendido Yoon Suk Yeol en su residencia de Seúl. Yoon había declarado la ley marcial el 3 de diciembre, lo que llevó a su destitución por la Asamblea Nacional.

Un equipo de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) y la policía llegó a la residencia presidencial para ejecutar la orden de arresto. Sin embargo, se encontraron con vehículos bloqueando el acceso y más de 200 personas con los brazos entrelazados impidiendo el paso.

Tras varias horas de tensión y enfrentamientos menores, las autoridades decidieron suspender la operación. Los aboficaron la orden de arresto como ilegal y buscan anularla.

Yoon, suspendido desde el 14 de diciembre, enfrenta acusaciones de insurrección y abuso de poder por imponer la ley marcial. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El Tribunal Constitucional tiene hasta junio para decidir sobre su destitución definitiva. Mientras tanto, el primer ministro Han Duck-soo actúa como presidente interino.

La situación ha generado protestas masivas en el país, con miles de ciudadanos exigiendo justicia y transparencia en el proceso. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta crisis política en Corea del Sur.

Se espera que en los próximos días se realicen nuevas acciones legales y políticas que definan el futuro del país y de su liderazgo. La tensión en las calles y en el ámbito político continúa en aumento.