Un tribunal de distrito de New Ross, condado de Wexford, Irlanda, habría emitido en abril de 2009 una orden de arresto por un presunto delito de drogas contra Seamus Culleton. El caso estalló mientras Culleton permaneció cinco meses bajo custodia del ICE en Estados Unidos y enfrentó deportación. Su abogado lo describió como un inmigrante ejemplar y recalcó que contaba con permiso de trabajo válido. Se indicó que la orden irlandesa se relacionó con una presunta posesión de drogas para venta o suministro el año anterior. También se mencionaron cargos por presunta obstrucción durante un registro al arrojar 25 pastillas de éxtasis, según reportó The Irish Times. La revelación añadió presión a un expediente que ya generó inquietud por las redadas del ICE en todo el país. En una entrevista radial con RTÉ desde un centro de detención en El Paso, Culleton comparó las condiciones con un campo de concentración y dijo temer por su seguridad. El detenido pidió al gobierno de Ireland que llevara su caso ante Donald Trump para volver con su esposa ciudadana estadounidense. Afirmó que deseaba reunirse con su pareja y retomar su empresa de yesería en la zona de Boston. Desde United States, voces políticas en Irlanda criticaron la gestión y acusaron al Taoiseach Micheál Martin de hacer poco. Los registros mostraron que Culleton, originario de County Kilkenny, ingresó con el programa de exención de visado en marzo de 2009 y se quedó más de 90 días. Tras casarse con Tiffany Smyth y pedir la residencia, obtuvo una autorización que le permitió trabajar, explicó su abogada Ogor Winnie Okoye. Ella sostuvo que su cliente era candidato para un ejercicio de discreción favorable porque no representaba riesgo. En un primer momento dijo que tenía 42 años y luego corrigió a 38, dato que coincidió con documentos judiciales irlandeses. Okoye aseguró que conoció el pasado proceso irlandés por la prensa. También señaló que su cliente no tendría conocimiento de una orden emitida tras su llegada a EE.UU. La abogada recordó que una orden judicial no equivalía a una condena y pidió revisar a fondo los hechos. Desde el Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin sostuvo en redes que Culleton se quedó más del tiempo permitido. Afirmó que recibió debido proceso y que un juez de inmigración emitió una orden final de deportación el 10 de septiembre de 2025. Indicó que se le ofreció salir de inmediato a Irlanda, pero que él optó por impugnar y permanecer bajo custodia. Culleton replicó que toda su vida estaba en EE.UU. y cuestionó que hubiera firmado un consentimiento de deportación. El expediente continuó encendido por el cruce de versiones y por la detención extendida.