Un juez federal en Boston dictó que la administración de Donald Trump actuó de forma ilegal al cancelar USD 2.200 millones en subvenciones de investigación a Harvard. La decisión de la jueza Allison Burroughs devolvió la tranquilidad a la universidad más rica y antigua de EE. UU. La Casa Blanca había usado los fondos como herramienta de presión contra Harvard. El argumento oficial era que la escuela no actuaba con firmeza frente al acoso contra estudiantes judíos. La medida se dio en medio de protestas pro palestinas en universidades tras la guerra en Gaza. Columbia y otras universidades de la Ivy League sí llegaron a acuerdos con el gobierno. Columbia aceptó pagar USD 220 millones en julio para recuperar su financiamiento. Brown cerró trato con USD 50 millones destinados a programas estatales. Harvard, en cambio, decidió resistir en tribunales. El 26 de agosto, Trump exigió a la escuela “nada menos que USD 500 millones” como pago. Incluso ordenó a su secretaria de Educación: “No negocien”. Las demandas del gobierno iban más allá del antisemitismo y buscaban cambiar cómo Harvard contrata, a quién admite y qué enseña. Una carta de abril pedía reestructurar la gobernanza y balancear la ideología del campus. Alan Garber, presidente de Harvard, dijo que esas exigencias atacaban la libertad académica. Tras negarse, la administración recortó de golpe cientos de becas vitales para ciencia y medicina. La jueza Burroughs concluyó que la acción fue retaliación y violó la Constitución. Además, bloqueó futuros intentos de recorte. En otro fallo paralelo, la misma jueza ya había protegido a Harvard para que mantenga a sus estudiantes internacionales. Estos representan una cuarta parte de su matrícula. Con este fallo, los laboratorios de Harvard vuelven a encenderse. La universidad celebró el triunfo legal como una señal de defensa a la investigación y la libertad académica.