El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La votación cerró con 82 votos afirmativos y 65 en contra. La iniciativa llegó desde el presidente Daniel Noboa con carácter urgente en materia económica. Fue el sexto proyecto tramitado bajo ese rótulo por el Ejecutivo. Agrupaciones sociales y actores políticos expresaron inquietud por un aumento de poder de la fuerza pública sin suficiente control ciudadano. Organizaciones de derechos humanos señalaron que la ley podía abrir la puerta a mayor militarización. También advirtieron posibles limitaciones al control democrático sobre el gasto en seguridad. Desde la oposición se indicó que el Gobierno presionó a la Asamblea para acelerar la aprobación.

La rapidez del trámite despertó dudas sobre la transparencia del debate. Legisladores críticos cuestionaron que hubiera deliberación adecuada para una norma de este alcance. El texto aprobado contempló incrementos presupuestarios relevantes para Fuerzas Armadas y Policía. Además incluyó medidas de reorganización interna en ambas instituciones. El documento no detalló mecanismos claros de supervisión ciudadana, según sus detractores. Para ellos, el diseño legal dejó espacios amplios para el manejo de recursos sin fiscalización firme. Ese escenario fue leído como un riesgo de abusos de poder. También se temió un posible despilfarro en compras y operaciones.

La propuesta se enmarcó en la serie de urgencias económicas que el Ejecutivo activó para su agenda. Críticos interpretaron ese camino como intento de aprobar cambios rápidos sin participación amplia. En el debate se repitió la preocupación por la ausencia de controles ciudadanos definidos. Con la votación, la Asamblea dejó lista una norma que, para sus detractores, elevó el poder de la fuerza pública con poca vigilancia social.