Luisa González compareció este viernes 13 de marzo de 2026 ante el Tribunal Contencioso Electoral en Quito. La excandidata presidencial de Revolución Ciudadana acudió a una audiencia por presuntas infracciones electorales graves. El proceso se originó por una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral. La acusación apuntó a supuestas inconsistencias en el financiamiento de la campaña de las elecciones extraordinarias de 2023. Durante la diligencia se revisó la entrega de informes de ingresos y gastos de campaña. La defensa del CNE sostuvo que el movimiento no corrigió 10 de las 13 observaciones técnicas detectadas. También indicó que ya habían vencido las prórrogas legales otorgadas para completar la documentación. Esos plazos terminaron en febrero pasado. La abogada del CNE señaló que la conducta analizada encajaba en el artículo 281 del Código de la Democracia. En esa denuncia también aparecieron Andrés Arauz, Estefanía Molina y Santiago Díaz. Del lado de Revolución Ciudadana, la defensa aseguró que se trató de observaciones técnicas y de interpretación. El movimiento afirmó que no existió ocultamiento de fondos. Además sostuvo que el caso tenía un débil sustento jurídico. La organización también dijo que el trámite respondía a una estrategia de desgaste político. Este caso avanzó al mismo tiempo que la investigación penal conocida como Caja Chica. En ese expediente, la Fiscalía investigó un presunto esquema de lavado de activos y financiamiento oculto. Según lo informado, esos recursos habrían llegado desde Venezuela. Días antes, el TCE había dictado la suspensión cautelar de Revolución Ciudadana. Esa medida se apoyó en indicios y testimonios, entre ellos el de Santiago Díaz, hoy fuera del partido. La resolución sobre las cuentas de campaña se conocería en los próximos días, después de que el tribunal revisara las pruebas de descargo de González y su equipo legal.